Un muy buen amigo mío suele comentar que las cosas no son como son cuando, además, no pueden ser. Esta sentencia no deja de llevar razón para cualquier despropósito que pudiera plantearse y en cualquier orden de la cotidianidad. Él siempre lo liga a la modernidad con la que algunos personajes públicos –políticos, especialmente– hacen gala de progresismo, en muchos casos, de un mal entendido liberalismo y en destacadas ocasiones, lo único que consiguen es quedar en el más absoluto y profundo de los ridículos.

 

Lo de la igualdad de género ya roza el absurdo. Todo se feminiza, los cargos públicos, las profesiones, con el propósito de acerca a la mujer a los puestos de responsabilidad en las empresas y ámbitos políticos, a los que tiene derecho, indudablemente, siempre que compitan en igualdad de condiciones y la preparación sea la ajustada al cargo. En eso no hay discusión. Mismos derechos para todos, hombres y mujeres deben concurrir a las mismas oportunidades y con las mismas retribuciones cuando desempeñan idéntica actividad.

 

En la sociedad actual la equiparación de derechos, entre hombres y mujeres, no tiene razón de ser. Y mucho se ha avanzado, en estas lides, en los últimos cuarenta años. Todos los ciudadanos pueden optar al mismo puesto de trabajo, obtener los mismos beneficios en el desempeño de sus funciones o responsabilidades. Una sentencia judicial tiene el mismo valor, la misma contundencia jurídica, si la emite un hombre o una mujer, porque al final es un juez, sin distingo de género, quien aplica los códigos civiles o penales. Un coche puede ser arreglado por la persona adecuada y formada para realizar esta labor, sea hombre o mujer.

 

La educación y la enseñanza pueden ser ejercida por cualquier persona que mantenga la formación académica precisa y consiga proyectar sus valores en los alumnos, nutrir con sus enseñanzas el intelecto de sus discípulos. Y no digamos nada sobre el ejercicio de la medicina.

 

Todos, sin excepción de género, realizan el juramento hipocrático y realizan sus menesteres con total dedicación y abnegación, sean machos o hembras, por utilizar términos alusivos a la naturaleza del sexo. En todos los casos hay quienes acometen sus responsabilidades con mayor o menor interés; eso va anejo a la condición humana. Se cumplen las reglas y la equidad. Es cuestión de razón, de intelecto, al fin y al cabo, de cultura.

 

Es precisamente en la utilización de denominaciones, de la utilización sintáctica del lenguaje, donde se producen los mayores errores en la igualdad de género, cuando no se acentúa la discriminación. El diccionario, la lengua, es igual para todos, sin excepción. Las reglas semánticas y gramaticales ofrecen dignidad y limpieza en las conductas de los hombres –género neutro del término y aplicada la primera acepción de su significado en el diccionario de la RAE*– y ofrecen una ilustrada, o no, de quién se pronuncia y expresa en términos adecuados.

 

Las manifestaciones de los políticos –aplíquese convenientemente al género– dejan mucho que desear. Todos desean aparecer como correctos, imparciales y justos en el trato; intentan no conceder diferenciación en el sexo cuando se pronuncian en público y entonces aparece la vulgaridad, la tosquedad, la incultura manifiesta en algunos que llevan responsabilidades políticas importantes. No hay más que oírlos en sus disputas parlamentarias. Da vergüenza que nuestros representantes, quienes llevan las riendas de nuestros derechos, se expresen con tanta zafiedad, con desconocimiento del lenguaje, por cierto, muy escaso vocabulario, redundando en términos y, muchos de ellos, sin aptitud oratoria. Ya casi nadie se preocupa de ello, tal vez cansados de su incultura, del catetismo que ciertos políticos quieren disfrazar de modernidad. Y deberíamos hacerlo porque va en ello futuro cultural de nuestros hijos.

Irene Montero, portavoz –creo que lo he escrito correctamente y conforme a lo que dictaminan las reglas lingüísticas– del grupo parlamentario de Podemos, vuelve a demostrar su inutilidad e incultura, otra vez, por hacer mención al poco respeto que muestra en muchas ocasiones a sus oponentes, pronunciándose inadecuadamente, en una intervención, en la que hace alusión a la participación de portavoces y, atención, “portavozas”, no sé siquiera si lo escribo bien. Se equivoca la señora Montero con la utilización inadecuada del término. El género, señora diputada, no lo otorga un sufijo, mal instrumentalizado; la condición de género lo asigna el artículo que precede al sustantivo. En este caso hubiera sido correcto, para aplicar el femenino sustancial, haber utilizado el sintagma “la portavoz”**, o en todo caso, utilizar el plural neutro Hubiera quedado usted estupendamente y, a lo mejor, hubiese hecho gala de una mínima cultura, de la que presume que, por cierto, pero que no demuestra casi nunca.

 

Sería oportuno que comenzaran a utilizar el lenguaje como es debido, a no mal utilizarlo, a querer ser más papista que el Papa intentando equiparar, fonéticamente, los géneros con la adulteración del lenguaje.

Hay muchísimos recursos lingüísticos con los que ofrecer justicia a la igualdad de género. No ya por ustedes, que hacen de su capa un sayo, con todo, sino por quienes le escuchamos. Merecemos un respeto. No nos tomen por tontos. Ya tenemos bastante soportando sus pedanterías políticas.

Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, que ya lo dijo Rafael Guerra. Aplíquense el dicho.

 

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*Hombre. Primera acepción del diccionario de la lengua española.
Ser animado racional, varón o mujer.

** Portavoz. Primera acepción del diccionario de la lengua española.
 m. y f. Persona que está autorizada para hablar en nombre
 y representación de un grupo o de cualquier institución o entidad.