Los indocumentados en Estados Unidos, esos 5.9 millones de mexicanos que habíamos ignorado siempre, empezaron a llamar nuestra atención a raíz de que el ahora Presidente de Estados Unidos, al inicio de su campaña política como contendiente del Partido Republicano para ocupar la Oficina Oval,  afirmó que los deportaría a todos y los llamó criminales y violadores.

Desde entonces, miles de familias en México están viviendo una gran preocupación por sus familiares que se encuentran trabajando en la Unión Americana sin los documentos requeridos legalmente para su estancia en ese país. Pero no fue sino hasta 11 de enero, en el marco de la clausura de la Reunión de Embajadores y Cónsules, cuando el Titular del Ejecutivo instruyó a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, a “realizar una firme defensa de los mexicanos en Estados Unidos” y señaló además: “no son negociables principios básicos como nuestra soberanía, intereses nacionales y la protección de los connacionales“.

Bajo amenaza 6 millones de mexicanos indocumentados en EUA

Ahora, funcionarios de distintas instancias gubernamentales tanto del ejecutivo como del legislativo en los ámbitos federal y estatal y los dirigentes de todos los partidos políticos se han movilizado y realizan distintas acciones para tratar de proteger a nuestros connacionales, al tiempo que la sociedad mexicana, en su conjunto,  ha manifestado su solidaridad con ese grupo de mexicanos cuya vulnerabilidad se ha incrementado a partir de que la  retórica de odio de Trump se empezó a traducir en acciones de política pública con la firma, el día 27 de enero, su primer día en el cargo, de la Orden Ejecutiva sobre Migración, y luego, el martes 21 de febrero con sendos memoranda que ponen bajo amenaza de deportación a prácticamente todos los indocumentado en ese país.
Sí, porque estos memoranda amplían las prioridades para deportación a todos los que hayan cometido cualquier delito, no sólo delitos graves; serán sujetos de deportación expedita – sin observar el debido proceso-  quienes no puedan probar una estancia mayor a dos años en Estados Unidos; se elimina la práctica de “capturar y liberar”, y ahora todos los que sean detenidos tendrán que ser recluidos en centros de reclusión mientras un juez determina su situación, en lugar de poder esperar el juicio en libertad; se contratarán 10,000 nuevos agentes de migración y por supuesto se ordena la planificación de la construcción del muro.

Estos lineamientos han dejado en libertad a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) para ejercer su poder de manera casi irrestricta,  ¡lo que siempre han querido! – con honrosas excepciones – , por lo que los hemos visto ya aplicando esas órdenes de Trump con saña, con brutalidad, sin sentido de humanidad alguno, olvidándose muchos de ellos de que sus padres o abuelos con seguridad fueron  inmigrantes , y muchos, probablemente indocumentados también.

Mucho hay que hacer en Estados Unidos para defender a los mexicanos indocumentados, para luchar porque se cumpla con el debido proceso, para que sus derechos humanos no sean vulnerados, porque no se les han respetado hasta ahora, como ha quedado claro en muchas de  las primeras 31 mil deportaciones realizadas en el mes de enero de 2017 . Se han iniciado ya diversas acciones muy pertinentes con apoyo de los 50 consulados que conforman la red consular, para informarlos y  asesorarlos jurídicamente, para brindarles atención sin restricción de horario, para defenderlos en las cortes. Además, se han establecido alianzas con grupos locales defensores de las libertades civiles y de los derechos humanos, con clubes de paisanos por estado de origen, con legisladores y hasta gobernadores, en fin. Pero falta mucho por hacer, de hecho, lamentablemente apenas estamos viendo la punta del iceberg.

Bajo amenaza 6 millones de mexicanos indocumentados en EUA

Bajo amenaza 6 millones de mexicanos indocumentados en EUA

Y mucho falta también por hacer en México, para recibirlos con la solidaridad que nos caracteriza, para integrarlos adecuadamente, para aprovechar sus  habilidades y conocimientos, no sólo los adquiridos en el ámbito educativo formal. No será una tarea fácil, pero se lo merecen y se los debemos. La mayoría de ellos ha destinado alrededor de $300 dólares mensuales de su exiguo salario para apoyar a sus familias en México, hasta sumar 26 mil millones de dólares de remesas en 2016, que representan la segunda fuente de divisas del país y la razón de que la estabilidad social – aunque endeble – aún se mantenga.

Todos, todos los mexicanos “de acá de este lado” podemos contribuir en algo para darles una acogida fraternal a los que sean deportados. Para empezar, dejemos de referirnos a ellos como “ilegales”, término incorrecto que usan frecuentemente diversos medios de comunicación y muchos funcionarios, senadores y diputados incluso. Ningún ser humano es ilegal.  Lo que es ilegal es la acción que cometieron al entrar sin documentos a Estados Unidos. Fue el Servicio de Inmigración y Naturalización, o sea “la migra”, ahora  ICE, el que desde la década de los ochenta empezó a usar el término “illegal” o “illegal alien” refiriéndose a los indocumentados, con un perverso propósito: fijar en la conciencia de la sociedad estadounidense una condición de criminalidad, creando la alarma necesaria para que le fuera aprobado cada año un mayor presupuesto. Aunque el uso del término ilegal se generalizó en el vecino país, era inapropiado. No tener “papeles” para acreditar su estancia en Estados Unidos constituía una falta administrativa, no criminal, hasta que estos nuevos memoranda lo califican tajantemente como una grave violación a la ley. Entonces, no les sigamos el juego al ICE, ni a Trump ni a sus seguidores, especialmente cuando está claramente documentado que sólo un pequeño porcentaje -3%- de los indocumentados ha cometido realmente delitos del orden criminal.

En estos aciagos momentos, un esfuerzo de comprensión resulta imperativo: los deportados son mexicanos que viven un doble drama: allá, fueron acosados, humillados, los separaron de sus familias, perdieron todo por lo que habían trabajado durante años, en, fin fueron victimizados. Y acá, esos mexicanos llegan a una Patria que enfrenta una doble crisis, la externa, derivada de las políticas y amenazas del Mandatario estadounidense, y la interna, por la violencia, el abuso, la corrupción y la impunidad de una clase política que ha frenado los avancen que México necesita.

10.000 funcionarios adicionales para el control de la inmigración ilegal.

 

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