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En México, el artículo 7 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece como extinción de dominio la pérdida del derecho de propiedad cuya adquisición proviene de una fuente ilícita a favor del Estado y sin ninguna contraprestación económica para su titular, esta Ley entró en vigor el 10 de agosto de 2019 y deroga las leyes locales en lo que se opongan a su texto, permite al Estado enajenar los bienes sujetos a extinción de dominio aún antes de que se dicte sentencia, pues la responsabilidad o culpa son independientes, si el afectado obtiene una resolución favorable tendrá derecho a la devolución del precio sin intereses y con descuento de los gastos en que haya incurrido el Estado para el mantenimiento del bien.