Cataluña lleva décadas queriendo independizarse de España. Finalmente ha dado esta semana el paso que todos se temían tras años de advertencias veladas y directas que muchos no han querido escuchar. El volcán en activo ha erupcionado, pero ha sido tan fuerte la explosión que ha descolocado a los propios independentistas que, en sus contradicciones, se han encontrado paradójicamente atrapados en una mayoría absoluta en el Parlament catalán, incapaces de consensuar el líder que les lleve a lo que muchos llaman el abismo, y sin gobierno propio, mientras el ejecutivo central ha consumado en Madrid la amenaza de acabar con esta locura con la ley en la mano. En esta refriega política, han ganado los constitucionalistas, pero muchos se preguntan: ¿Y ahora qué? Pongámonos en el contexto de todo lo ocurrido. Un 47,7 por ciento de su población siente hoy que su sueño está cerca, frente al 52,26 por ciento de catalanes y a la gran mayoría de los 46 millones de españoles que se oponen a la escisión.
Esos porcentajes corresponden a las últimas elecciones celebradas el pasado 27 de septiembre en Cataluña, que las autoridades autonómicas convirtieron en un encubierto plebiscito popular ante la negativa del Gobierno nacional a permitir un referéndum sobre la independencia.
En estas elecciones para elegir a los 135 diputados del Parlament catalán se produjo una alta participación del 77,44 por ciento de ciudadanos con derecho a voto. Un 22,56 por ciento no fue a votar. Si hubieran sido independentistas lo habrían hecho, por lo tanto, el porcentaje de opositores a la independencia se presupone aún mayor dentro de Cataluña.
De hecho, en un referéndum alternativo llevado a cabo hace un año, el 9 de noviembre de 2014, acudieron a votar 1,8 millones de ciudadanos, un tercio de los potenciales votantes, lo que da una idea de que solo uno de cada tres catalanes apoya la independencia.
La atípica alianza de los partidos independentistas perdieron el plebiscito en número de votos (1.957.467 frente a 2.158.459 de sufragios válidos sin incluir más de 1.200.000 abstenciones, votos en blanco y nulos) pero obtuvieron la mayoría absoluta con 72 escaños en virtud de la cuestionada ley D´Hont de reparto proporcional, lo cual, en su opinión, les legitima para iniciar el complejo proceso de ruptura con España sin respetar la opinión mayoritaria de los catalanes.
Y eso hicieron el 9 de noviembre, con la aprobación por el nuevo Parlament de una resolución histórica que aboga por desobedecer las leyes españolas e iniciar el proceso de creación de las instituciones catalanas, la redacción de su nueva Constitución y culminar todo este proceso en el plazo de año y medio.
El primer escollo hacia ese objetivo es que, un día después de la aprobación de la resolución, no hay ni habrá previsiblemente gobierno en los próximos meses para llevarlo a cabo porque el Parlament rechazó la reelección de Artur Mas, la cabeza más visible de los independentistas, como presidente del Gobierno catalán, la Generalitat. Y uno se preguntará: ¿cómo es posible que teniendo mayoría absoluta, los independentistas rechacen al líder del Gobierno que debe dirigir el camino a la independencia?
La respuesta es que la coalición independentista está integrada por partidos situados en polos ideológicos opuestos a los que tan solo les une la escisión de España. Por un lado, la plataforma de Junts Pel Sí (Juntos por el Sí, JxS) y por otro la antisistema Candidatura de Unidad Popular, la CUP. JxS está integrada por los conservadores de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), la izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y una amplia coalición de entidades ciudadanas y culturales pro-independentistas. La CUP fue invitada a unirse a esta plataforma, pero declinó la oferta y prefirió ir por su cuenta.
En las pasadas elecciones, JxS obtuvo el 39,54 % de los votos y 62 diputados, mientras que la CUP se hizo con el 8,20 % de votos ciudadanos y diez escaños. El Parlament lo completan el partido centrista Ciudadanos, con 25 escaños, el Partido Socialista de Catalunya (PSC) con 16 escaños, los conservadores del Partido Popular (PP) con 11 escaños y la coalición izquierdista no independentista Catalunya Sí que es Pot también con 11 diputados. En total, 63 escaños frente a la mayoría absoluta de 72 escaños de la suma de JxS y la CUP.
La CUP, formación antisistema que no solo quiere romper con España, sino también sacar a Cataluña de la Unión Europea y del euro y crear su propia moneda y aplicar políticas radicales de izquierda, se ha negado en rotundo a permitir que el conservador Más, representante de la burguesía catalana, sea reelegido. Para la CUP Mas viene a ser un anticristo en lo social y lo económico.
El 12 de noviembre habrá una segunda votación y, previsiblemente, tampoco saldrá reelegido Más, salvo que ceda el liderazgo a cualquiera de los otros dos destacados miembros de la coalición: el ex eurodiputado (2004-2014) de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), el madrileño de nacimiento Raúl Romeva, o el líder de ERC, Oriol Junqueras. De no ser elegido ninguno de los tres, habrá un tercer intento en enero y si no hay fumata blanca, entonces Cataluña tendrá que ir a unas nuevas elecciones, las cuartas en cinco años.
El Gobierno conservador de España ha anunciado la impugnación de la resolución independentista del Parlament catalán ante el Tribunal Constitucional y ha amenazado con hacer un firme uso de la ley, lo que podría implicar inhabilitación política y cárcel para todo aquel que forme parte de esta sedición en toda regla contra las reglas de la democracia en España.
El Gobierno del conservador Mariano Rajoy ha logrado tardíamente crear también una alianza temporal y atípica de partidos constitucionalistas para frenar la amenaza secesionista con el apoyo de los socialistas del PSOE, algunos emergentes, como el partido catalán y ahora nacional Ciudadanos y el izquierdista Podemos, y los venidos a menos Izquierda Unida (IU), UPyD y Unió, partido netamente catalán que se escindió de CDC y con el que gobernó Cataluña durante los últimos 27 años.
Rajoy se ha negado en banda a negociar o, siquiera dialogar, con los independentistas catalanes, que le reclamaban un referéndum legal como el pactado por el valiente David Cameron en Escocia. Más organizó un seudo referéndum por el que ha sido llevado a los tribunales y está imputado por desobediencia a la ley, lo que puede implicar su inhabilitación política. Su lógica o su demagogia, según quien lo mire, les lleva a decir que han sido acusados de ejercer el acto más elevado de la democracia como es consultar libremente a los ciudadanos, aun a costa de hacerlo ilegalmente.
En medio de tanto, tanto y demasiado ruido, que cantaría Joaquín Sabina, a Rajoy se la echado en cara su inmovilismo en todo este asunto, pero para alivio de los demócratas, se celebrarán elecciones generales en España el 20 de diciembre con la que buen número de españoles aspiramos a desbancar al gobierno conservador y dar paso a nuevas formaciones capaces de variar las duras políticas de austeridad, transformar en democracia verdadera la actual partitocracia formada por el tándem PP-PSOE ligado a la oligarquía financiera que frena el desarrollo dinámico de España y afrontar el difícil reto de Cataluña.
Hay quien aspira, sueña y cruza los dedos para que el Parlament mantenga su actual impase hasta enero a la espera de los resultados electorales del 20D y ver de qué manera se puede reencauzar el problema catalán, ya sin Rajoy en La Moncloa, la sede del Gobierno de España en Madrid. Parece haber consenso en que la continuidad de Rajoy, esclavo de los votantes más conservadores del país, el asunto de Cataluña se agravará; de ahí que su marcha o un cambio radical de actitud puede contribuir a rebajar la tensión. Aunque las encuestas dan la victoria al PP por escaso margen de votos, los centristas de Ciudadanos y los socialistas del PSOE, y de lejos Podemos, están a menos de una cabeza de ganar esta desbocada carrera.
Los sucesivos gobiernos catalanes desde el final de la dictadura en 1975 con la muerte del dictador Franco, en solitario o en coalición con conservadores y socialistas, han estirado la cuerda de la escisión con España para lograr concesiones y más competencias del Gobierno central. Hasta hoy. La crisis, los duros recortes presupuestarios y la intolerancia al diálogo por parte del Partido Popular han hecho estallar la permanente bomba de tiempo que es Cataluña y una notable parte de su sociedad, casi dos millones de votantes, ha dicho ¡basta ya! con su voto a JxS y la CUP.
En pleno huracán de opiniones y en medio de toda esta melé o coctelera molotov, la cuestión catalana ha opacado otros graves asuntos en el país en beneficio de dos líderes, Rajoy y Más, acosados por la profunda corrupción en sus partidos. Muchos analistas y buena parte de los ciudadanos opinan que el tema de Cataluña es una perfecta cortina de humo para ambos porque les beneficia que un tema tan sensible, oculte los verdaderos problemas de los ciudadanos que ni uno ni otro han sabido afrontar.
Cataluña, con sus 7,5 millones de habitantes repartidos en 32.000 kilómetros cuadrados, el 6 por ciento de la superficie total de España, aporta algo más del 18 por ciento del PIB al país y aglutina el 25 por ciento de sus exportaciones. Si fuera un país independiente su economía andaría a la par de la de Dinamarca y superaría con creces la de otros países pequeños que forman parte de la Unión Europea.
Así pues, por un lado, casi la mitad de los catalanes opina que una Cataluña independiente sería más próspera a medio y largo plazo que ligada a una España, a cuyos sucesivos gobiernos centrales les ha recriminado desde la recuperación de la democracia, que invierte mucho menos de lo que aporta al conjunto del país. El Gobierno catalán quiere recaudar y manejar sus propios impuestos como actualmente lo hacen las comunidades de Navarra y el País Vasco hasta que la UE armonice una sola política fiscal y acabe con este tipo de privilegios históricos. Esto llevaría una larga disertación, pero está claro que la semilla de la discordia son els diners, el dinero. Y en estos asuntos es más fácil entenderse con una calculadora que con el ideario ideológico de los partidos políticos.
¿Y qué dice Europa? ¿Y Estados Unidos? A ninguno de los dos les interesa, al menos de palabra, una Cataluña independiente. La Casa Blanca clama por una España unida y fuerte y la UE, también. Hay demasiados fantasmas independentistas en Europa como para abrir la espita de la Desunión Europea. Comenzó el reto por Escocia, finalmente neutralizado, aunque temporalmente, por sus propios ciudadanos. Los independentistas corsos y los vasco-franceses andan al acecho en Francia, y en Italia los sardos y los norteños milaneses aguardan su oportunidad. En Bélgica y en otros países de la UE, lo mismo, por poner tan solo unos pocos ejemplos.
Una Cataluña independiente provocaría un descalabro económico a medio y largo plazo en la región y de forma inmediata en España y, por extensión, crearía una grave crisis en toda Europa y pondría en peligro la viabilidad del euro. Este panorama aterra a muchas empresas de dentro y fuera de Cataluña, aunque a otras les atrae la posibilidad de ir por libre. De entrada, la salida de Cataluña de España, la dejaría fuera de la UE y de la zona euro, el ultraconservador dinero no aterrizaría fácilmente en Cataluña hasta ver despejado su futuro en el marco europeo y su reingreso en la UE llevaría años y necesitaría del consenso unánime de todos los socios europeos. ¿Le daría luz verde, para empezar, España? Lo harían el Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica o Alemania?
Los promotores de la independencia saben que lo tienen muy difícil, pero han sembrado la semilla de cara al futuro. Puede que esta asonada sea superada por la unión de los partidos constitucionalistas y por la mayoría en Cataluña que quiere seguir perteneciendo a España con su propia identidad e idiosincrasia, pero el debate, aunque se adormezca, seguirá vivo como un volcán en erupción que de tanto en cuando estalla. Solo el diálogo, la negociación y el sentido común, el seny tan catalán, pueden aplacar la furia de este volcán. ¿Habrá altura de miras?
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